Los grandes centros abortistas españoles investigados en un juzgado

Los grandes centros abortistas españoles investigados en un juzgado

3 de marzo de 2015: Fuente: Religión en Libertad

    Las mujeres que van a abortar en Clinica Callao, Clínica Dator, Centro Médico El Bosque o Clínica Ansoain deberían saber que sus datos personales van a circular sin control fuera del centro y que no se les va a dar una información completa, si se confirman los datos que presenta una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.

Un juez está investigando ya los presuntos delitos cometidos por siete abortorios, que estarían supuestamente implicaddos en delitos económicos, de incumplimientos de la normativa de residuos biosanitarios o vulneración del derecho a la intimidad de las mujeres, entre otros.

Concretamente, la Fiscalía Provincial de Madrid comunica, en un escrito de 16 de febrero ya difundido por agencia Europa Press, que el juez ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra los representantes legales de la Clínica Ginecológica Callao SLP, Dator Partner Line, Centro Médico Pacífico S.L., Centro Médico El Bosque, Clínica Amec, Clínica Ansoain y el Centro Médico Aragón.

El Fiscal ha visto indicios de delitos tras recibir la denuncia interpuesta por la Plataforma la Vida Importa ante la Guardia Civil.

La denuncia recoge acusaciones de una inadecuada gestión de residuos biosanitarios, que se mezclan con otros residuos, con un envasado inadecuado y un abandono y eliminación incontrolada de residuos, que podría poner en peligro el medio ambiente y la salud.

 

Junto a este delito, a varios abortorios los denuncian por presunta estafa contra la Sanidad Pública. Se trata de aquellos centros concertados en los que presuntamente, según el denunciante, se cobran como abortos con anestesia general a un coste de 382,53 euros, abortos químicos que son mucho más baratos.

Otra posible estafa consistiría en cobrar a la Administración abortos que finalmente no se llegan a realizar.

Otra estafa más sería precisamente la contraria: cometer abortos no declarados para cobrar "en negro". Esto se podría comprobar con documentos abandonados sin control en contenedores de basura, incluyendo listados de operaciones practicadas con las semanas de gestación de cada caso, que luego no coinciden con las oficialmente declaradas. Estos serían casos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

En uno de los abortorios se observaría también un presunto delito de usurpación de autoridad pública, así como otro de cohecho en otro centro. Igualmente, se advierte de que en uno de los centros se fuma en espacios sanitarios con mujeres embarazadas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también recibió en diciembre notificación de una denuncia de la Plataforma La Vida Importa contra varios abortorios por tirar presuntamente a los contenedores de basura datos personales y sanitarios de mujeres que habían abortado. La agencia dispondrá del plazo máximo de un año para decidir si abre procedimiento a los abortorios.

Un informe detallado

La Plataforma La Vida Importa ha preparado un informe en el que se asegura que "el aborto en España es una prioridad de salud pública convertido en muchos casos en un negocio privado, con descubrimientos que justifican numerosas dudas sobre su calidad y su respeto a las leyes, desigual, y vejatorio para muchas mujeres, que se sienten desinformadas, y cuyos datos, en muchos casos, se emplean sin tener el más mínimo respeto a la protección de su identidad personal".

Según las investigaciones de la Plataforma "la cifra de abortos inducidos no registrados es un 35% mayor [a los oficialmente declarados]. A raíz de los datos averiguados al pie de los centros abortistas, estamos en condiciones de asegurar que en España se producen 173.000 abortos al año. El amplio margen existente entre las cifras reales y las oficiales demuestra el descontrol de las administraciones sanitarias en sus labores de inspección y vigilancia".

Un ejemplo lo ven en la Clínica Dator de Madrid. "Según ha explicado su director a Le Temps se practican 8.000 IVE anuales. Los datos de esta investigación -teniendo en cuenta que en ese centro hay citas abortistas también los sábados- es que la cifra real asciende a 9.000 IVE al año. Junto a Dator existen otros seis centros más autorizados en Madrid para la práctica de IVE, y las cifras de este estudio avalan que los casos reales de IVE en Madrid están muy cerca de los 30.900, de los que sólo el 76,6% forman parte de las estadísticas oficiales. Y el caso de Madrid no es una excepción".

Otro punto del informe señala que el erario público "está pagando casi 60 euros más por cada IVE presuntamente quirúrgica, cuando debería obtener una rebaja considerable. En conclusión: abortar en un centro sanitario público es mucho más barato que hacerlo en un centro concertado, y esta realidad es ilógica, irresponsable y propia de una Administración que prefiere estar de espaldas a los verdaderos derechos de las mujeres dando prioridad al interés de la sanidad privada con evidente ánimo de lucro".

El informe muestra, por ejemplo, que cuando el abortorio factura a un particular le cobra 365 euros por un aborto farmacológico, mientras que esa misma intervención facturada a la administración se la cobra a 450 euros.

En la raíz de todos estos casos está la absoluta cultura de opacidad de los centros abortistas en España: en la práctica cotidiana, ninguna autoridad contrasta en serio que las cifras que declaran sean ciertas, ninguna autoridad examina seriamente sus datos fiscales o sus prácticas sanitarias y las normas oficiales sobre consentimiento informado o información de alternativas son sistemáticamente minimizadas o ignoradas.

El único caso de investigación larga, seria y detallada a centros abortistas en España hasta el momento es el del doctor Morín: lea ¡Sorpresa! El Tribunal Supremo anula el juicio que exculpó al abortista Morín: deberá repetirse